Redacción
El pasado 30 de abril concluyó una de las últimas etapas dentro del proceso de migración hacia el modelo de Mi Transporte, consistente en la instalación del equipo de pago electrónico y monitoreo en las unidades, para lo cual durante 2019 se ofreció un apoyo de 80 mil pesos para cada una, de un presupuesto de 310 millones de pesos.
Si bien a esa fecha se obtuvo una favorable respuesta del 92% de rutas y unidades en todo el Estado que cumplieron con ese requisito, el resto que no alcanzó o no quiso migrar a ese modelo estipulado en la Ley y en la norma correspondiente, dejó de ofrecer el servicio de transporte público a partir del pasado 1 de mayo.
Por lo anterior, se han emprendido operativos para detectar y en su caso sancionar a dichas rutas y unidades, pero también se han estado recibiendo solicitudes para integrarse al modelo Mi Transporte de parte de quienes estaban a punto de instalar sus sistemas de recaudo.
Para este efecto se han llevado a cabo mesas de diálogo, fruto de lo cual se ha pedido que a partir de mañana 6 de mayo, los interesados presenten los contratos de instalación del sistema de recaudo con alguna de las 4 empresas proveedoras autorizadas y al mismo tiempo se firme una carta compromiso para que durante el mes en curso se hagan las gestiones, se cumplan los requisitos establecidos y quede concluido este proceso.
Paralelo a lo anterior, la Secretaría de Transporte ha hecho los ajustes operativos necesarios para garantizar que, no obstante que algunas rutas debieron suspender actividades, el servicio a los usuarios no se vea afectado.
Por otro lado, a lo anterior se suma la situación económica derivada de la pandemia del COVID-19, por lo que algunas rutas han obtenido autorización para hacer ajustes operativos en horario “valle” ante la necesidad de realizar descansos escalonados de personal y unidades dada la caída de más de un 50 por ciento en el flujo de usuarios.
En este contexto, se ha solicitado que tanto las empresas como sindicatos privilegien la comunicación para buscar mitigar las afectaciones económicas de los trabajadores que al igual que otros sectores económicos del Estado y del país están padeciendo ya los efectos de la pandemia.