Dr. Alejandro Gertz Manero:
Señor Presidente de la República;
Señoras y señores, Miembros de esta Comisión;
Señoras y señores.
Ante ustedes, voy a hacer público el informe institucional que rinde la Fiscalía General de la República, a la Comisión sobre el caso Ayotzinapa; el cual no fue únicamente un crimen deleznable sino, fundamentalmente, la muestra de una conducta delictiva, integral, permanente y reiterada, que refleja los niveles de corrupción de un régimen político y administrativo.
En este asunto, ya no cabe la menor duda de que el Gobierno anterior, -en todas sus instancias, desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales-, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar, con impunidad y con escándalos mediáticos, una trama que ahora se ha logrado exhibir en toda su crudeza y realidad.
Los jóvenes desaparecidos fueron las víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico, que han estado asentadas en la ciudad de Iguala, por ser ésta, un centro neurálgico de distribución de la droga que se produce en la Sierra de Guerrero, y que es vital para quienes comercian con ella en la zona metropolitana del Valle de México, así como para los que trasiegan esos narcóticos hacia los Estados Unidos.
La presencia de los estudiantes fue un coincidente letal, en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal y en los distintos organismos y fuerzas del Estado Mexicano que tenían presencia en ese lugar.
Todo lo anterior se demuestra con la matanza que ocurrió, en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes; ya que hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala, por los diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales, en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes.
Es muy importante recordar que las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento, a través del sistema de comunicación “C4”, que debió registrar lo que estaba sucediendo; lo cual permitía identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido; así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas, a los centros de justicia y a otros lugares, donde comenzó la tortura; para que, después, estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con esas autoridades. Y ahora, en las investigaciones realizadas, resulta que las cámaras dejaron de funcionar parcialmente, y los radios se apagaron en diversos momentos; lo cual implica responsabilidades que no van a quedar impunes.
Se ha señalado también que autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia Estatal en Iguala; y, al respecto, es necesario que dichas autoridades judiciales del Estado de Guerrero rindan cuentas al respecto; y se los estamos exigiendo.
En la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo Federal, para ocultar y encubrir sus colusiones, primero, acusó a las autoridades locales; y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso.
De esa manera, el Gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado, para lo cual detuvieron y torturaron, masivamente, a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente. Para que, después, se vinieran abajo todos esos procesos, por sus violaciones masivas a los Derechos Humanos, que tenían por objeto encubrir a los policías y a las autoridades federales.
El Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se convirtió en el vocero oficial del Gobierno Federal y en el principal orquestador de toda esa mentira y de esa falsedad; llevando diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal, ni respeto a los procedimientos; para sostener una denominada “verdad histórica”, basada en torturas, falsedades e ilegalidades con las que se quería sepultar la realidad, para así eludir sus responsabilidades en tales colusiones, en un asunto del que, finalmente, perdieron el control, por su torpeza, prepotencia y mala fe.
Hoy es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo, -que ahora huye a “salto de mata”, por las órdenes de aprehensión que hemos logrado-, no lo hizo gratuitamente; él tuvo un pago. Él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República, que sustrajo con varios cómplices, de manera fraudulenta, dentro de la Institución, y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias. Y, para proteger su impunidad, la Institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos, y todo el aparato administrativo, para cuidarlo y facilitarle su saqueo.
El año pasado, cuando iniciamos esta investigación y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó del país; y, en cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondientes, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá. Pero él, inmediatamente, huyó a Israel; país al que ya se le ha pedido su apoyo, dado que sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los Derechos Humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa. Estos trámites se están haciendo de conformidad con los criterios que establecen las normas jurídicas internacionales y las de ese país.
Por lo que toca al Titular de la Procuraduría General de la República, éste se convirtió en encubridor y en vocero del Ejecutivo; para tratar de orquestar un engaño mediático masivo y para eludir responsabilidades que eran ineludibles; mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino, y como único propósito, su fracaso.
Hay que tener muy presente que todo lo anterior no fue un hecho aislado; y sí fue una conducta y una política de gobierno, de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y la corrupción, que igualmente organizó la Estafa Maestra, que sustrajo más de cinco mil millones de pesos, que debían aplicarse en favor de los más necesitados; hundiendo las finanzas y la dignidad de muchas universidades públicas de todo el país.
También fueron los que saquearon y arruinaron a Pemex y a la industria petrolera mexicana. Igualmente fueron los que se coludieron en todos los grandes fraudes financieros que ahora se combaten. En forma semejante participaron en la entrega masiva de las riquezas de la nación. Este caso fue sólo uno de tantos que cometieron; es sin duda el más cruel; el más abusivo; solamente comparable con la matanza nacional que sufrimos por más de una década.
Volviendo al abuso infame del poder y en razón de los crímenes que generó el caso que nos ocupa, el actual Presidente de la República hizo suyas las reclamaciones de los padres y familiares de los desaparecidos.
Con esa responsabilidad y con esa guía, hoy por fin se está haciendo justicia. Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad.
Los juicios fraudulentos del pasado han sido repuestos en lo posible; imputando a quienes los cometieron, que también están siendo castigados.
Se han obtenido legalmente 70 órdenes de aprehensión de las cuales se han cumplimentado 34; tanto por delincuencia organizada, como por tortura.
Se han identificado y detenido a los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, que fueron los principales operadores de esa “mentira histórica”. Y el líder de los narcotraficantes que operó la desaparición, se encuentra en prisión, sujeto a proceso.
Se han ratificado, con toda precisión, los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata masiva y al aire libre del basurero de Cocula.
Se ha demostrado, con toda legalidad, que los restos del Río San Juan fueron sembrados ilegalmente por el responsable de la investigación y sus auxiliares, para ocultar su verdadero origen, y tratar de justificar lo injustificable, manipulando evidencias y encubriendo tanto delitos, como a delincuentes.
Ya en esta Administración, y bajo las normas periciales más estrictas, y con la comparecencia de padres y testigos independientes, se han encontrado, en un sitio distinto del basurero, los restos de un estudiante desaparecido, y su identidad se ha confirmado por la Universidad de Innsbruck.
También se han hallado otros restos, en otros sitios, que ya están siendo periciados en dicha Universidad.
El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado; y las judicializaciones, órdenes de aprehensión y confesiones, legalmente obtenidas, así lo demuestran.
El delito de delincuencia organizada, igualmente, se ha probado plenamente.
Los delitos oficiales contra la administración de justicia se han acreditado; y el responsable y sus auxiliares están siendo procesados.
Se ha roto la barrera del encubrimiento y de la mentira. Ahora conocemos toda la trama y toda la urdimbre criminal que los padres y la población sabían que existían, pero no podían probarlo, porque el gobierno estaba en su contra.
La búsqueda habrá de continuar hasta donde sea humana y legalmente posible. Y, con ello, habremos de demostrar que nuestro compromiso es absoluto y permanente.
La tarea que se ha hecho es ejemplar. El líder de este proyecto es el Presidente de todos los mexicanos. Los trabajos de búsqueda realizados por el Licenciado Alejandro Encinas han sido fundamentales. El Fiscal Especial, los Agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías y el personal de apoyo merecen todo nuestro reconocimiento. Por parte de ellos, no ha habido más que trabajo, compromiso, honorabilidad y discreción. Para todos ellos, un merecido encomio.
La esencia de este caso está alojada en el origen mismo de la corrupción, de un sistema que no puede, ni debe prevalecer; y eso lo estamos demostrando.