¡Por el Derecho a la Dignidad y a la Integridad Personal!
La tortura es un delito que se castiga con penas de prisión, multas y, en el caso de personas servidoras públicas, con destitución e inhabilitación.
Respetar los derechos humanos es una obligación. La tortura no tiene justificación y conlleva graves consecuencias legales.