Guadalajara, Jalisco 08 de julio de 2021
la Asociación Nacional de Defensorías Públicas (ANADEPE) une esfuerzos para mejorar los servicios de las defensorías públicas
Jalisco ha desarrollado un modelo único de la defensoría pública que ha otorgado un mejor servicio a la población y los grupos vulnerables transformando la Procuraduría Social del Estado, manifestó el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al inaugurar el XVIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas (ANADEPE), evento que conjunta a 26 titulares de los organismos de defensa estatales en México.
“En Jalisco hemos desarrollado un modelo único de defensoría pública donde no solamente se presta servicio a las personas imputadas a un delito, sino que hemos extendido su alcance para brindar asesoría, representación y defensa legal en material civil, familiar, mercantil y desde luego penal, abarcando así otros aspectos legales que antes quedaban fuera y sobre en los que la población también requería asesoría y apoyo, siendo así un modelo que nos parece puede considerarse único a nivel nacional”, manifestó Alfaro Ramírez.
Con la diversificación y la ampliación del alcance de estos servicios, se descentralizó la atención de la capital metropolitana hasta contar hoy con 81 oficinas en todo Jalisco en conjunto con los municipios, y particularmente se han enfocado los esfuerzos en la orientación a personas menores de edad, personas con facultades mentales y privadas de su libertad.
El mandatario dio la bienvenida y confío que los trabajos logren conformar la unificación de estos servicios a nivel nacional, siendo que la Secretaría de Gobernación, a través de su unidad de Apoyo al Sistema de Justicia ha reconocido el modelo Jalisco y ha manifestado su interés para que pueda ser una referencia en otras unidades federativas. El encuentro tiene como objetivo el identificar y propiciar las alternativas que permitan salvaguardar, desde un plano de convivencia y confianza el pleno uso y goce de los derechos de la ciudadanía.
Durante los días 8 y 9 de julio se impartirán diversas conferencias, asociadas con la función de la defensa por parte del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Chihuahua y Nayarit, así mismo con la participación de Magistrados de la Corte de Perú y Magistrados de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.
Juan Carlos Márquez Rosas Procurador Social del Estado de Jalisco y vicepresidente Nacional de ANADEPE, mencionó que son jornadas con exposiciones que tienen que ver con el razonamiento probatorio del proceso penal, el estándar probatorio, además de conferencias de técnicas de litigación para quienes están interviniendo en el sistema acusatorio penal oral, lo que permite comprender cómo se ha desarrollado en Latinoamérica.
“Desde que formamos parte de este importante organismo pugnamos para ser la sede de este evento porque creemos que desde un principio necesitamos defender los intereses y los derechos humanos contando con profesionales capacitados y con un espíritu de confianza que ponga al servicio de los más vulnerables su conocimiento y su preparación”, explicó Márquez Rosas.
Por su parte, Santiago Antonio Piccone Berlanga, director general del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, mencionó que el derecho a una defensa técnica adecuada es un derecho humano, es por ello que se convierte en fundamental el identificar esfuerzos y conjuntarlos para lograr mejores prácticas.
En la inauguración de este Congreso también se contó con la presencia del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón; el presidente del Congreso del Estado de Jalisco Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, así como el presidente de la ANADEPE Santiago Antonio Piccone Berlanga.
PARA SABER MÁS
La Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales de la República Mexicana (ANADEPE), se constituyó en el año 2010 como una Asociación sin fines de lucro, apolítica y no religiosa.
Es integrada por los titulares de las entidades públicas de defensa ciudadana en cada uno de los estados, y que tienen a su cargo la representación asesoría y defensa jurídica gratuita a personas de escasos recursos y grupos vulnerables según las Constituciones, Tratados Internacionales, Leyes y Decretos aplicables.